Código de Procedimiento Civil.
Norma que faculta al juez decretar la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos se impugna ante el Tribunal Constitucional.
La resolución que concede esta medida precautoria en la gestión pendiente le impide a la requirente ejercer su derecho a defensa y constituye una expropiación o limitación no tolerada por el ordenamiento constitucional vigente.
Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 290, numeral cuarto, del Código de Procedimiento Civil.
El precepto legal establece: “Artículo 290. Para asegurar el resultado de la acción, puede el demandante en cualquier estado del juicio, aun cuando no esté contestada la demanda, pedir una o más de las siguientes medidas: (…) 4. La prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados”.
En la gestión pendiente, seguida ante el Primer Juzgado de Letras de Buin, se notificó a la requirente la medida cautelar de prohibición de celebrar actos y contratos sobre un inmueble de su propiedad, con el fin, de acuerdo lo señalado por la actora, de asegurar el resultado de la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual que dirigió en su contra.
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