Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema, analizó el contenido del proyecto de ley que: “Sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos”. Informe que fue remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, el 23 de agosto.
Tras un exhaustivo análisis de cada una de las modificaciones legales propuestas y que tienen relación con la persecución penal de las personas jurídicas, modificaciones al artículo 162 del Código Tributario, ampliación del catálogo de las sanciones disponibles en la ley N°20.393, entre otros cambios, el pleno de ministros acordó remitir el informe en el siguiente tenor.
“Considerando la envergadura del proyecto y la cantidad de reformas que previene, es menester tener en cuenta que el presente informe tan sólo cubre aquellas consideraciones directamente implicadas por el oficio que le ha dado origen y, por lo mismo, comprende sólo una porción de todas las propuestas que se encuentran en discusión en el Congreso y que podrían decir relación con lo dispuesto en al artículo 77 de la Constitución Política de la República”, sostiene.
“Dando por descontado lo anterior, se hace presente que el proyecto recoge importantes incorporaciones, muchas de las cuales vienen sugeridas desde hace varios años en el concierto internacional pero que todavía podrían ser corregidas para asegurar niveles adecuados de debido proceso y acceso a la justicia”, añade.
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“En este sentido, se recomienda informar el proyecto valorando la voluntad de legislar en estas materias, pero haciendo presente las diversas observaciones que se han desarrollado en las páginas precedentes, algunas de las cuales pueden tener serias repercusiones respecto de la garantía constitucional del debido proceso”, advierte el máximo Tribunal.