Independencia judicial.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su rechazo a reformas legislativas en materia judicial en El Salvador.
Es deber de los Estados garantizar la inamovilidad de los jueces hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire el período para el que hayan sido nombrados o elegidos.
La CIDH, junto el Relator Especial de la Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, manifestaron su preocupación sobre las reformas legislativas que regulan la carrera judicial y la Fiscalía en El Salvador.
Respecto del primer ámbito, las modificaciones legislativas reducen la carrera judicial de 35 a 30 años, fijando la edad de 60 años como límite para acceder a la judicatura. Por otra parte, se establece el cese inmediato de aquellos magistrados que no cumplen con estos requisitos. También se incorpora la posibilidad de trasladar jueces con acuerdo del pleno de la Corte Suprema de Justicia.
En relación con el segundo ámbito, se establece para la carrera fiscal el mismo límite de edad referido, y se establece que el Fiscal General podrá, por conveniencia del servicio o por complejidad y especialidad de los asuntos, trasladar temporal o permanentemente a sus miembros.
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