La Contraloría General de la República representó el decreto presidencial que autoriza la colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles competentes y policiales, para apoyar a estas últimas en relación a actividades vinculadas con la prevención del porte, tenencia y tráfico ilícitos de armas de fuego, la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo en la región del Biobío y en la región de La Araucanía, por no ajustarse a derecho.
Hace presente que “conforme al artículo 101 de la Constitución, corresponde a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, integradas solo por Carabineros e Investigaciones, dar eficacia al derecho y garantizar el orden público y la seguridad pública interior. Por su parte, de acuerdo con el mismo precepto, las Fuerzas Armadas tienen por función la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”.
En consecuencia, entiende que “la autorización que se viene otorgando para habilitar el involucramiento de las Fuerzas Armadas en labores de prevención de delitos en las zonas que se indican y la participación de unidades militares en misiones en materias de orden público y seguridad pública interior, implica alterar la distribución de competencias consagradas en el citado artículo 101 de la Constitución”.
En este sentido, razona que “si bien el artículo primero del acto en trámite previene que las Fuerzas Armadas no podrán intervenir en procedimientos operativos que impliquen ejercer funciones propias de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, su artículo tercero permite al Ministro de Defensa Nacional nombrar los mandos militares que asumirán el control operacional de las unidades que se desplieguen en la zona, considerando la facultad de planificar y conducir las actividades de las fuerzas asignadas, de manera que puedan desempeñar misiones o actividades específicas”.
De tal modo, estima que “lo que, en definitiva, se está autorizando es el despliegue de las Fuerzas Armadas para intervenir en situaciones como las de la especie, reservadas, por disposición expresa de la Carta Fundamental, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, lo que no resulta procedente”.
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El Gobierno anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional para impugnar el dictamen referido, según anunció Pablo Urquízar, coordinador nacional de la Macrozona Sur.
Junto a ello, la Multigremial de La Araucanía declaró que la decisión del Contralor “vulnera el artículo primero de la Constitución, que señala que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional y dar protección a la familia”. Por ello, solicita al Poder Ejecutivo que impugne este pronunciamiento para la protección de quienes viven en “la violencia que ejercen organizaciones criminales como la CAM y sus Órganos de Resistencia Territorial”.
Vea texto del dictamen y la Declaración de Multigremial de La Araucanía.