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Depósitos que habrían permitido apropiarse de un total $146.000.000.

Juzgado de Garantía de Santiago deja en prisión preventiva a ex director general de la PDI imputado por malversación, lavado de activos y falsificación de instrumento público.

La magistrada tuvo presente que, en el caso de Espinosa Valenzuela se sospecha en forma fundada que estaba destinando fondos públicos a su patrimonio personal. Por esas consideraciones, se estima que efectivamente su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y que la prisión preventiva resulta proporcional a la pena que arriesga.

15 de octubre de 2021

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva Héctor Ángel Espinosa Valenzuela, ex director general de la Policía de Investigaciones, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público. Ilícitos perpetrados entre 2015 y 2017, en la ciudad.

En la resolución, Rol Nº22.175 -2020, la magistrada ordenó el ingreso en prisión preventiva de Espinosa Valenzuela, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en cuatro meses el plazo de investigación.

Al momento de resolver la necesidad de cautela, la jueza ponderó que el exdetective “ha sido imputado en calidad de autor de tres delitos que, por sí solos, tienen asignada pena de crímenes sin considerar la reiteración de la conducta, que significa un aumento en la eventual pena. Pero, además, el imputado era, a la fecha de comisión de los delitos, el director general de la PDI. No estamos hablando de un funcionario del departamento de bienestar, ni de una repartición menor de la organización, sino de la máxima autoridad de una institución policial de carácter profesional que, según su mandato legal, debe investigar los delitos y además contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública; o sea, la máxima autoridad de la entidad que debe velar por la prevención delictual y que debe prevenir que no se cometan actos en contra el Estado”.

Asimismo, la magistrada tuvo presente que, en el caso, Espinosa Valenzuela “se sospecha en forma fundada que estaba destinando fondos públicos a su patrimonio personal, por montos cercanos a los 150 millones de pesos. Por esas consideraciones, se estima que efectivamente su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y que la prisión preventiva resulta proporcional a la pena que arriesga que, por las penas asignadas y por la reiteración de la conducta, sería de carácter efectivo”.

En la audiencia de formalización, que se inició el miércoles recién pasado, también fue imputada María Magdalena Neira Cabrera, cónyuge de Espinosa Valenzuela, en calidad de autora del delito de lavado de dinero; y Eduardo Esteban Villablanca Inostroza, comisario de la PDI, a quien la fiscalía sindica como autor del delito de lavado de dinero y como cómplice del delito de malversación de caudales públicos.

En sus casos, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó el arresto domiciliario parcial nocturno y el arraigo nacional de Neira Cabrera; en tanto, Villablanca Inostroza quedó sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los coimputados.

Gastos reservados

Según el ente persecutor, entre 2015 y 2017, el comisario de la Policía de Investigaciones Eduardo Esteban Villablanca Inostroza, quien ejercía como ayudante del entonces director general de la policía civil Héctor Ángel Espinosa Valenzuela, realizó a cambio de comisiones, al menos 53 depósitos de dinero en efectivo, en diversas cuentas bancarias pertenecientes al imputado Espinosa y a su esposa, María Magdalena Neira Cabrera.

Depósitos que, en montos fraccionados, habrían permitido al matrimonio Espinosa Neira apropiarse de un total $146.000.000, correspondientes a gastos reservados asignados al director general de la PDI.

Asimismo, los imputados realizaron una serie operaciones que tuvieron por objetivo ocultar el origen del dinero, confundiéndolo con bienes lícitos para integrarlo al sistema económico formal.

Finalmente, Espinosa Valenzuela emitió declaraciones juradas mendaces ante la Contraloría General de la República, acerca del uso y destino de los fondos asignados por concepto de gastos reservados a la institución, que tenían por objeto ocultar la sustracción de parte de dichos fondos.

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