Relación entre el Estado y funcionarios públicos es laboral, aunque sujeta a un estatuto especial, por lo que no procede privarlos del procedimiento que determina el cumplimiento de garantías básicas.

La Corte Suprema desestimó el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el demandado en contra del fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Concepción, que no hizo lugar a la impugnación que dedujo en contra de la sentencia dictada por Juzgado de Letras de Lebu, que rechazó la acción de tutela laboral de derechos fundamentales con ocasión del despido, pero declaró la existencia de una relación laboral entre las partes y declaró que el despido fue injustificado.

La sentencia del máximo Tribunal señala que el recurrente solicitó la unificación de jurisprudencia con el objeto de determinar la competencia de los Tribunales del Trabajo para conocer de los procesos judiciales sobre el procedimiento de tutela de derechos fundamentales ventilados entre funcionarios a contrata y un órgano de la Administración del Estado, existiendo fallos dictados por la Corte que señala que los juzgados laborales son incompetentes absolutamente, en razón de la materia, para conocer de una demanda de tutela de derechos laborales fundamentales incoada por funcionarios públicos designados en calidad de contrata.

En seguida, expone que la sentencia impugnada desestimó el recurso de nulidad fundado en la causal del artículo 478 letra a) del Código del Trabajo, por haberse dictado la sentencia por un tribunal incompetente, argumentando que en la especie concurrieron los elementos propios de una relación laboral los cuales conforman una realidad judicial preeminente sobre el análisis jurídico abstracto en que se sustenta la causal esgrimida por el demandado, por lo que concluyó que la sentencia fue dictada por tribunal competente y dentro de la esfera de sus atribuciones.