Suspensión de actividades de empresa dedicada al transbordo y estacionamiento de camiones con explosivos y cargas peligrosas, debe ser resuelto por la autoridad que posea los conocimientos específicos.

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Arica, que desestimó el recurso de protección deducido en contra de la Autoridad Fiscalizadora N°002 de Arica, dependiente de la Dirección General de Movilización Nacional, por suspender las operaciones de la empresa recurrente, quien alegó la vulneración de los derechos a no ser juzgado por comisiones especiales, a desarrollar cualquiera actividad económica y a la igual repartición de las cargas públicas.

La actora expuso que se dedica al transbordo y estacionamiento temporal de camiones con explosivos y cargas peligrosas, iniciando sus actividades en el año 2019, con la autorización de la Dirección General de Movilización. Agregó que diseñó un proyecto consistente en un estacionamiento o aparcadero de camiones dedicados al trasborde de explosivos, para lo cual celebró un contrato de arrendamiento con la SEREMI de Bienes Nacionales, autorizándose por la recurrida la utilización del terreno para el aparcamiento y transferencia de carga con explosivos y para construir y operar una zona de transbordo de productos sometidos a control, sin observación o condicionamiento alguno.

Enseguida, expuso que, con anterioridad a que se concediera la autorización, en los alrededores del terreno se instaló una toma ilegal, circunstancia que era totalmente conocida por la recurrida al momento de conceder y posteriormente renovar la autorización en cuestión. No obstante, durante la vigencia de la renovación, se dictó un informe técnico por el Banco de Pruebas de Chile en el que se reevaluaron las distancias de seguridad entre el sitio de aparcamiento y posibles asentamientos humanos en su alrededor, constatando la existencia de una instalación de cincuenta familias en la referida toma, que podrían verse afectadas ante una posible explosión, concluyendo que no se cumplía con lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley N°17.798, sobre control de armas y explosivos, en relación a los edificios habitados. Sin embargo, alegó que la medición de la distancia de seguridad se hizo erróneamente, ya que no se calculó desde el almacén explosivo como manda el Reglamento Complementario, sino que desde el perímetro del terreno.