La Contraloría General de la República hizo público el informe final de auditoría al proceso de licitación “Adquisición de Sistema de Cámaras Corporales” llevado a cabo a partir de enero de este año por la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior.

La fiscalización tuvo por propósito verificar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que rigen la materia, lo establecido en las bases administrativas, técnicas y anexos, y las respectivas disposiciones internas de la Subsecretaría sobre compras públicas.

La investigación se centró en las acciones que la entidad fiscalizada efectuó en el marco del llamado a licitación, así como también en el posterior análisis, calificación, evaluación y adjudicación de las ofertas recibidas. Asimismo, examinó si el pago de los bienes adquiridos se realizó conforme a lo dispuesto en el contrato y las respectivas bases administrativas y técnicas.

Entre los principales resultados de la auditoría se constató el ingresó de la oferta de la empresa adjudicada fuera del horario de recepción expresamente establecido en las bases administrativas, técnicas y anexos de la licitación, aprobadas mediante resolución exenta N° 123, de 2020.

En relación al análisis de las ofertas recibidas, se verificó que no existió constancia ni evidencia de los antecedentes que se tuvieron a la vista y habrían sido examinados por parte de la comisión evaluadora al momento de la asignación de los puntajes. En opinión de la Entidad Contralora, lo anterior representa un incumplimiento a instrucciones internas impartidas previamente por autoridades del servicio fiscalizado.

Se observó también que la comisión evaluadora asignó en el criterio “Presenta la totalidad de la documentación requerida al momento de la apertura de las ofertas”, el total del puntaje a la empresa adjudicada, no obstante, la documentación presentada fue insuficiente, tras no haberse hecho entrega por parte de la compañía del Anexo N° AT1, que recaía sobre el plazo de entrega total del sistema de cámaras corporales.

Por su parte, se determinó que las ofertas técnicas y documentos que sustentaban la propuesta de la empresa adjudicada, al momento de la postulación no mencionaban que los equipos ofrecidos tuvieran la funcionalidad de “post grabado” que se requerían expresamente en las bases técnicas de la licitación. En tales circunstancias, la Contraloría señaló que correspondía declarar inadmisible la propuesta y, por ende, no entrar a la fase de evaluación, conforme a lo dispuesto en el numeral 2.5 del pliego de condiciones.

En virtud de la entidad de los hallazgos identificados en su informe final de auditoría, la Contraloría instruirá un procedimiento disciplinario con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos involucrados en las irregularidades observadas.

Vea texto del Informe Final de Auditoría N° 277/2021