Extensión de beneficios a los asistentes de la educación no profesionales o que no ejercen funciones profesionales en los colegios particulares subvencionados, se ajustó a derecho.

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Santiago, que desestimó el recurso de protección interpuesto por una Corporación Educacional en contra de la Directora del Trabajo, por haber emitido el Dictamen 998/07 de 19 de marzo de 2021.

La Corte de Santiago expone que la actora alegó la vulneración de sus derechos a la igualdad ante la ley y abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, ya que, a través del acto singularizado, la autoridad recurrida ordenó hacer extensivos a los asistentes de la educación no profesionales y/o que no ejercen funciones profesionales de los colegios particulares subvencionados, los beneficios laborales contenidos en el artículo 56 de la Ley N°21.109; en circunstancias que subvención para dichos establecimientos no ha aumentado y en el sector público tales beneficios son asumidos por el Estado por medio de los Servicios Locales Educacionales.

Añade que “(…) si bien es efectivo que dada la naturaleza exegética del acto recurrido, jamás podrá él vulnerar un derecho fundamental, lo que ocurriría finalmente sólo con ocasión del acto que se ejecute en cumplimiento de tal interpretación, lo que podría conllevar de buenas a primeras a aceptar una pretendida falta de legitimación pasiva del órgano que realiza esa función, entiende esta Corte que tal razonamiento resulta en la práctica inexacto, pues es claro que el correcto sentido de aplicación de una norma, expresado por la autoridad facultada por ley para señalarlo, constituye al menos una amenaza que redunda en el legítimo ejercicio de derechos y que, por tanto, de ser dicha interpretación ilegal o arbitraria, puede el afectado deducir el presente recurso directamente en contra de dicha actuación, a objeto de impedir que la privación de la garantía que se amenaza conculcar en observancia de tal exégesis se materialice”.