Tras los grandes daños que ha causado en miles de personas durante décadas, el principal protagonista y antecedente para proponer la iniciativa es el asbesto. Pues la norma Constitucional que «Protege la salud de las personas en la ejecución de actividades económicas» fue ingresada el pasado 30 de noviembre con el fin de acabar con las actividades que sean perjudiciales para la salud de los ciudadanos y medio ambiente.
La iniciativa de norma Convencional Constituyente no admitirá la construcción de infraestructuras o actividades económicas que requieran el uso de elementos mortales. Además, se establecerá una fiscalización aún mayor para medir los límites permitidos con el propósito que todas las actividades con fines económicos sean seguras para los chilenos.
Para lograr levantar la propuesta, los convencionales Valentina Miranda, Bárbara Sepúlveda, Paola Grandón, Alejandra Pérez, Giovanna Grandón, Isabel Godoy, Hugo Gutiérrez, Marcos Barraza, Nicolás Núñez ingresaron la iniciativa en el marco de la reparación de las víctimas afectadas con el uso de asbesto y los 20 años del suceso de Eduardo Miño.
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En 2001, Miño se incineró frente al Palacio de La Moneda como símbolo de protesta ante el daño que generó el uso de asbesto en la faena industrial. Puesto que el mineral fue declarado nocivo para la salud de las personas por distintos entes internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
En Chile el asbesto dejó de utilizarse parcialmente en el 2001, sin embargo, el MINSAL hasta el 2010 asoció la muerte de 1589 personas por el mineral, aunque se sospecha que son más víctimas. Esto, porque el asbesto se encuentra en la infraestructura pública y en las viviendas del país, lo que expone a miles de chilenos diariamente.
En temas de salud, el elemento en cuestión puede generar problemas como algún cáncer. Por lo mismo, la iniciativa busca prevenir que vuelva a pasar con otro elemento o actividad. En el mismo sentido, desarrollaron la idea de controlar el ingreso y producción del asbesto, el manejo y control de este, y por último levantar políticas de prevención y educación que actualmente no existen.