Legitimación activa se fundamenta en la demostración de que la disposición u acto administrativo impugnado ha producido o ha podido producir una lesión jurídica de derechos o intereses legítimos en sentido propio.

El Tribunal Supremo de España declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo que buscaba impugnar el Acuerdo del Consejo de Ministros que puso término a la hibernación de las instalaciones del almacenamiento subterráneo de gas natural denominado “Castor”, acordando su desmantelamiento, sellado y abandono definitivo de los pozos.

El Acuerdo del Consejo de Ministros se adoptó tras la ocurrencia de una serie de eventos sísmicos que motivaron la suspensión temporal de la operación del almacenamiento. La medida busca garantizar la integridad y seguridad de las instalaciones, las personas y el medio ambiente, pues como consecuencia de los eventos sísmicos que se registraron durante los meses de septiembre y octubre del año 2013, se realizó un estudio que advirtió sobre la existencia de posibles terremotos de magnitud significativamente mayor a aquellos que motivaron la decisión de hibernar las instalaciones.

En su recurso, Escal UGS denunció que no fue escuchado en el proceso de aprobación del Acuerdo, pese a considerar que tenía carácter de interesado debido a que fue incluida en el sistema de liquidaciones del sistema del déficit tarifario de gas natural y se le reconocían una serie de derechos económicos con cargo al mismo, derivados de su condición de anterior titular del almacenamiento subterráneo.