La iniciativa de norma constitucional propuesta por Martín Arrau, Margarita Letelier, Teresa Marinovic, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado, Harry Jurgensen, María Cecilia Ubilla, Carol Bown y Eduardo Cretton, busca establecer en el nuevo texto de la Constitución cual es el fin del Estado.
Los autores de la iniciativa afirman que es indudable la conveniencia de generar estructuras sociales superiores a la familia, empresa y otras organizaciones funcionales; pues de esta manera la sociedad puede organizarse a nivel sociopolítico para alcanzar logros que de manera individual, descoordinada o no planificada no alcanzaría.
Agregan que es necesario definir muy bien las funciones del Estado y acotar sus ámbitos de acción, ya que el Estado en sí mismo no existe, es sólo una expresión de la voluntad común de los ciudadanos, quienes lo crean, lo empoderan y lo financian, por lo que se debe cautelar en todo momento que sea un aporte y solución, y que no ahogue a esos ciudadanos que le dan vida.
El «bien común», afirman, debe ser el principal objetivo del Estado, propiciando siempre la realización personal en base al esfuerzo propio o a la suma de esfuerzos individuales en la diversidad de grupos intermedios que estos mismos deseen procurarse.
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Por este motivo, el Estado preferentemente debe actuar en aquellos campos en donde la función es más lejana a la sociedad civil o en donde evidentemente el resultado de la gestión de la sociedad civil logra resultados socialmente insuficientes.
Con el propósito indicado, los Convencionales que patrocinan esta iniciativa ingresaron a la Comisión sobre Principios Constitucionales la siguiente propuesta de norma:
“Artículo.- El Estado está al servicio de la persona y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional alcanzar su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.
El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la autonomía para cumplir sus propios fines específicos, conforme a lo establecido en esta Constitución.”
Vea texto de la iniciativa de norma Convencional Constituyente.