La iniciativa de norma propuesta por Martín Arrau, Margarita Letelier, Teresa Marinovic, Rocío Cantuarias, Ruth Hurtado, Harry Jurgensen, María Cecilia Ubilla, Carol Bown y Eduardo Cretton, busca explicitar en la nueva Constitución los deberes del Estado.
Los autores de la iniciativa sostienen que en la nueva Constitución se deben incorporar los principios que se estiman rectores para la construcción del futuro ordenamiento jurídico. El rol de estos principios es orientar el diseño jurídico, influyendo en el contenido de derechos y libertades fundamentales, y constituir un límite para la actuación de los distintos órganos del Estado. Este límite será fundamental para proteger a los ciudadanos de las posibles arbitrariedades o tiranías del Estado.
Agregan que la primera función del Estado es la de dar seguridad, tanto de amenazas externas a la nación, no sólo las provenientes de Estados o países extranjeros en un potencial conflicto bélico tradicional, si no que de conflictos globales más difusos que amenazan el bienestar de los chilenos, así como amenazas internas de las más amplias, las que provienen tanto de la naturaleza como de los humanos, las que afectan a la población en sus hogares o barrios, como son robos, tráfico de drogas o incivilidades, hasta las que afectan a la sociedad en la cúspide política como lo es el flagelo de la corrupción.
Por este motivo, apuntan a que la persona pueda desarrollarse dentro de la sociedad y del Estado, para lo cual requiere de tranquilidad y seguridad, que es lo más básico: preservar su integridad física y psíquica, de condiciones adecuadas y de inexistencia de amenazas para el desarrollo familiar; además de cautelar el fruto de su esfuerzo.
Además, las sociedades y los países deben fortalecer su identidad y tejido social, mediante la cohesión nacional y la integración armónica, natural y voluntaria de las personas en diferentes ámbitos del quehacer nacional.
Asimismo, el gobierno del Estado y los demás asuntos de la vida nacional requieren de una activa participación de la sociedad, la que a su vez demanda de educación cívica, y del incentivo por parte del propio Estado a que estos grupos intermedios especializados en la participación de la vida nacional existan, con estricto apego a los valores democráticos institucionales.
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Los Convencionales que patrocinan esta iniciativa ingresaron a la Comisión sobre Principios Constitucionales la siguiente propuesta de norma:
“Artículo.- Es deber del Estado resguardar la seguridad interna y externa de la Nación, dar protección a su población, a la familia, y la propiedad privada y pública, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación, así como asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, incentivando la formación de grupos intermedios para ello.”
Vea texto de la iniciativa de norma Convencional Constituyente.