Una Cámara de Apelaciones de General Pico (Argentina), rechazó la pretensión indemnizatoria de un trabajador que fue despedido por insultar, amenazar y agredir a otros compañeros de trabajo.
El Tribunal analizó la reiteración de malos tratos verbales con situaciones de violencia de género hacia compañeras de trabajo y otras situaciones violentas con improperios y falsas acusaciones en contra de otros compañeros de trabajo mientras el recurrente desempeñaba sus funciones habituales de trabajo en el establecimiento de la empleadora.
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El fallo ponderó los testimonios prestados por personas que mantienen una relación laboral con la firma, los cuales, señala, exige suma cautela en su apreciación. No obstante, el Tribunal advierte que las declaraciones brindadas por los dependientes de la empresa denunciada contienen relatos sumamente descriptivos, coherentes e incluso concordantes entre sí y con el resto del material probatorio aportado en el proceso, lo que les concede una robusta persuasión en la integridad del escenario de prueba, acreditando indiscutiblemente las circunstancias denunciadas que justificaron el despido del recurrente.
En ese sentido, el Tribunal explica que el material probatorio debe examinarse de manera global con la restante prueba y no aisladamente, siendo necesario tener en cuenta el principio de «unidad de la prueba«, el cual impone como regla la consideración de la prueba en su conjunto, pues muchas veces la certeza no se obtiene con una evaluación aislada o fragmentaria de los elementos probatorios incorporados a los autos, o sea, tomados uno por uno, sino aprehendidos en su totalidad, ya que probanzas que individualmente estudiadas pudiesen aparecer como débiles o imprecisas pueden complementarse entre sí, de tal modo que unidas lleven a la convicción acerca de la existencia o inexistencia de los hechos discutidos en la litis.
En definitiva, el Tribunal desestimó la indemnización solicitada tras estimar que la prueba aportada en el proceso permite acreditar que el despido del recurrente fue justificado de acuerdo a la ley laboral vigente en Argentina.