Normas que obligan a revelar al público información estratégica de empresas acuícolas, serán examinadas en sede de inaplicabilidad por el Tribunal Constitucional.

La Primera Sala del Tribunal Constitucional declaró admisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugna los artículos 5°, inciso segundo, y 10, inciso segundo, en la expresión “actas”, y la frase “contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga”, de la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública; y del artículo 31 bis, inciso primero, e inciso segundo, letras a), b), d), f), y g), de la Ley N° 19.300, que aprueba la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Las disposiciones legales citadas establecen:

“Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas” (Inciso segundo, artículo 5°, ley N°20.285).