La Primera Sala del Tribunal Constitucional declaró admisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugna las frases “cuando lo interpusiere el ministerio público” y “de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente”, contenidas en el artículo 277 del Código Procesal Penal.
La citada disposición legal establece:
“Auto de apertura del juicio oral. Al término de la audiencia, el juez de garantía dictará el auto de apertura del juicio oral. Esta resolución deberá indicar:
a) El tribunal competente para conocer el juicio oral;
b) La o las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas;
c) La demanda civil;
d) Los hechos que se dieren por acreditados, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 275;
e) Las pruebas que deberán rendirse en el juicio oral, de acuerdo a lo previsto en el artículo anterior, y
f) La individualización de quienes debieren ser citados a la audiencia del juicio oral, con mención de los testigos a los que debiere pagarse anticipadamente sus gastos de traslado y habitación y los montos respectivos.
El auto de apertura del juicio oral sólo será susceptible del recurso de apelación, cuando lo interpusiere el ministerio público por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente. Este recurso será concedido en ambos efectos. Lo dispuesto en este inciso se entenderá sin perjuicio de la procedencia, en su caso, del recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva que se dictare en el juicio oral, conforme a las reglas generales”. (Art. 277, Código Procesal Penal).
La gestión pendiente invocada en el requerimiento de inaplicabilidad es un recurso de hecho seguido ante la Corte de Apelaciones de La Serena, interpuesto en contra de la resolución que declaró inadmisible el recurso de apelación que impugna el auto de apertura de juicio oral en un proceso penal simplificado seguido ante el Juzgado de Garantía de Coquimbo, en que al requirente se le imputa el delito de manejo en estado de ebriedad. Respecto del auto de prueba el tribunal no dio lugar a la exclusión de parte de la prueba testimonial ofrecida por el Ministerio Público y ordenó excluir la prueba pericial de la defensa.
En su acción constitucional, el requirente alega que el precepto impugnado, en el caso concreto, transgrede su garantía a la igualdad ante la ley (art. 19 N°2), ya que no existe fundamento constitucional alguno que permita explicar de manera razonable que, frente a la posibilidad de exclusión de prueba por infracción de garantías fundamentales, sólo el Ministerio Publico pueda apelar de manera exclusiva y excluyente.
Señala que esto se agrava aún más en el caso en cuestión, ya que el requirente ha presentado una defensa activa, al plantear una teoría del caso alternativa que requiere presentar la prueba excluida. Por tanto, existe una diferencia arbitraria que, por un lado, le otorga prerrogativas claramente ventajosas al Ministerio Público, y por el otro, coloca a la defensa en una grave indefensión, por cuanto queda desprovista de toda arma para asegurar un justo y racional proceso.
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Adicionalmente, sostiene que dicha norma vulnera su derecho al debido proceso (art. 19 N°3), en especial en lo referente al derecho al recurso, porque se establece una limitación recursiva arbitraria que le inhibe solo a una parte de la posibilidad de apelar, impidiendo la confrontación necesaria de todo proceso justo y racional.
En consecuencia, el recurrente razona que solo le quedaría la posibilidad de interponer recurso de nulidad, el cual es excepcional y de derecho estricto, por lo que las opciones para impugnar decisiones jurisdiccionales se reducen a situaciones extraordinarias. Por tanto, el fundamento que se tuvo a la vista para establecer la exclusión de prueba de la defensa no podrá revisarse, lo que reduce sus posibilidades de defensa, afectando sus garantías procesales.
Luego de declarar admisible el requerimiento, la Primera Sala de la Magistratura Constitucional ordenó comunicar su decisión a todas las partes de la gestión pendiente, confiriéndoles traslado por el plazo de veinte días para que formulen sus observaciones y presenten los antecedentes que estimen pertinentes.
Vea el texto del requerimiento y del expediente Rol N°12.663-21.