Autoridades están obligadas a proteger el derecho a la vivienda de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad en los procedimientos de desalojo, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.

La Corte Constitucional colombiana resolvió que en un procedimiento de desalojo, las autoridades administrativas están obligadas a proteger el derecho a la vivienda digna de la población que ocupa irregularmente un inmueble, pues son personas que viven en condiciones de vulnerabilidad extrema lo que los convierte en sujetos de especial protección constitucional.

El caso se refiere a trece personas que ocupan irregularmente el inmueble denominado “Casa Campesina” desde el año 2004. Estos alegan que el municipio propietario inició el año 2019 un procedimiento de desalojo, el cual se concretaría a la brevedad, expulsando a todos los habitantes pese a la difícil situación económica que viven.

La Corte Constitucional señala que la recuperación material del bien inmueble es una facultad y deber constitucional de la administración, pues busca proteger los derechos reales del municipio sobre la propiedad, así como proteger el interés general y los bienes públicos. Por ello, no es posible admitir que de una ocupación irregular deriven derechos de propiedad para los recurrentes, aun cuando han habitado la propiedad de forma pacífica por más de 17 años. En efecto, el fallo precisa que el inicio del procedimiento de desalojo y su desarrollo no comportó la violación del derecho a la vivienda de los actores, pues la ocupación irregular del predio de carácter público no genera derechos sobre el mismo.