El procedimiento administrativo concluye con la resolución que decide sobreseer o aplicar sanciones, por lo que no procede computar el periodo que la autoridad administrativa tarda en resolver un recurso de reposición destinado a impugnar el acto terminal.

La Corte Suprema confirmó la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que rechazó la reclamación deducida por la Empresa Eléctrica La Frontera S.A. en contra de la resolución de la Superintendencia que le cursó una multa de 7.294 UTM, por incumplir con los estándares de calidad del suministro.

La causa versa sobre una sanción aplicada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por haber excedido la empresa los índices de continuidad de suministro eléctrico en el periodo noviembre 2015–diciembre 2016, formulándosele el cargo de exceder los valores máximos en la normativa vigente, respecto de la cual presentó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Valdivia.

La Corte de Valdivia rechazó la reclamación intentada. Tiene presente que, “analizados los antecedentes de la presente reclamación contenciosa administrativa, se concluye que la reclamada Superintendencia de Electricidad y Combustibles no incurrió en ilegalidad al aplicar sanción ni en la cuantía de esta, ciñéndose en las resoluciones recurridas a la normativa citada, en especial el DFL N° 4/20.018 del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, Ley General de Servicios Eléctricos y Decreto N° 327 de 1997 del Ministerio de Minería, Reglamento Eléctrico y demás normativa citada.”