La Secretaría de Participación y Consulta Indígena -órgano al que la Convención Constitucional asignó la tarea de planificar y gestionar la consulta- recibió el apoyo de la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, quien participa activamente del desarrollo de esta histórica instancia. “Necesitamos que todas y todos los hermanos de Pueblos Indígenas participen del proceso que realizamos como Convención Constitucional. Queremos conocer sus apreciaciones, opiniones y saberes para poder plasmarla en la nueva Constitución para el país”, declaró.
En total son más de 400 reuniones presenciales y virtuales, convocadas y autoconvocadas, que se llevan a cabo en las 16 regiones del país, con especial foco en las comunidades rurales y campesinas, mujeres, menores de edad y personas privadas de libertad. Los pueblos y naciones preexistentes al Estado que por primera vez en la historia serán incluidos en la redacción de la nueva Constitución, son Aymara, Mapuche, Quechua, Lickanantay o Atacameño, Diaguita, Colla, Chango, Kawésqar, Yagán o Yámana y Rapa Nui. Cabe destacar que dichas naciones cuentan en total con 17 escaños reservados en la Convención.
Para desarrollar el trabajo territorial participan facilitadores, moderadores y digitalizadores de distintas comunidades y organizaciones sociales de cada zona, quienes están a cargo de apoyar el proceso. La Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad generó un documento base para el proceso en el cual se encuentran los derechos fundamentales y principios en común. Esta fase de consulta territorial se ejecutará hasta el 4 de marzo.
Recopilación de los datos
Una vez que termine el proceso de participación territorial se sistematizarán los datos obtenidos en la Consulta. Posteriormente se generará un documento que incluya conclusiones por cada pueblo participante. El documento será enviado a la Comisión de Derechos Indígenas y Plurinacionalidad para que se elaboren informes para todas las comisiones temáticas, para que incluyan los resultados de la Consulta en la deliberación y, además, propuestas de normas que irán directo a ser discutidas al Pleno de la Convención.
En el caso de cumplir con el quórum de votación establecido, las propuestas obtenidas de la Consulta Indígena podrán ser parte del texto final de la propuesta de nueva Constitución. De no alcanzar los 2/3 en el pleno, se espera que se respeten los principios establecidos en el Reglamento de PCI que la propia comisión definió como base al proceso de participación y consulta indígena como, por ejemplo, salvaguarda, pro-pueblo y buena fe.
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Para Elisa Loncon, convencional mapuche y ex presidenta del órgano que prepara la Carta Magna, es relevante “que los pueblos hermanos se activen y participen en un proceso valioso que mueve a las organizaciones y la participación de la democracia comunitaria. En este proceso las comunidades podrán estar más cerca del trabajo constituyente, más informadas y, sobre todo, podrán entregarnos propuestas para garantizar sus derechos fundamentales”. Además, Loncon manifestó la necesidad de conocer “cómo los Pueblos Indígenas quieren instaurar en la nueva Constitución sus derechos a la autonomía, a la autodeterminación, sus derechos lingüísticos, territoriales, culturales y espirituales”.
El convencional Félix Galleguillos, del pueblo Atacameño (Lickanantay), señaló que los resultados de la Consulta Indígena serán garantizados en la Constitución, “por lo que esperamos que todos los pueblos hermanos participen en el proceso. Ha sido dificultoso, debido a la envergadura del trabajo; sin embargo, hay cientos de encuentros que se desarrollan en los territorios gracias al apoyo y compromiso de los pueblos indígenas en este proceso especial. Hay mucha gente trabajando para que esto se desarrolle de la mejor manera”.