Orden de demolición de estructura que soporta una antena de telecomunicaciones decretada por el Alcalde de Algarrobo, previa solicitud del Director de Obras Municipales, se ajusta a derecho.

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo deducido por Telefónica Móviles S.A. en contra de la sentencia de la Corte de Valparaíso que confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la reclamación interpuesta en contra de la Municipalidad de Algarrobo.

En su libelo, la actora explica que el sentenciador al declarar la legalidad del decreto impugnado entiende que la demolición que se ordena se encuentra dentro de las atribuciones del Alcalde conforme el artículo 148 N°1 de la LGUC. Sin embargo, sostiene que el artículo 154 de la LGUC consagra una acción cuya finalidad es permitir el control jurisdiccional del ejercicio de la potestad de demolición que posee el Alcalde, dicho en otros términos, la citada disposición encarna principios constitucionales contenidos en los artículos 7°, 19 N°3, inciso 2° del artículo 38 y 76, todos de la Constitución y desarrollada en las normas legales citadas; de forma tal que cualquier restricción que el sentenciador realice al contenido prescriptivo del mencionado artículo 154 de la LGUC implica la infracción de todas estas disposiciones.

Añade que, si la potestad de demolición es una facultad de autoridad debía el sentenciador, aplicando los artículos 1° y 3° del Código Orgánico de Tribunales y los artículos 2 y 10 de la Ley N°18.575, efectuar el control de legalidad al que fue llamado a través del recurso de reclamación y éste debía primeramente dedicarse al escrutinio de los requisitos subjetivos del acto administrativo en revisión. De haberlo hecho habría concluido que el acto no tenía la debida motivación pues no imputa a la actora el incumplimiento de la LGUC ni de la OGUC sino meramente el del artículo 4 transitorio de la Ley N°20.599, norma que no lo habilita para el ejercicio de la potestad de demolición.