La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por recientes actos de criminalización y persecución judicial en contra de trabajadores del poder judicial y ex integrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La CIDH expresó su preocupación luego de tomar conocimiento sobre la criminalización, denuncias penales temerarias y persecución judicial en contra de jueces, fiscales y ex fiscales como forma de hostigamiento, debido al trabajo de investigación o juzgamiento de estructuras criminales vinculadas con el poder político y económico, casos emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado y por el apoyo entregado a la CICIG.
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Destaca entre los casos de persecución la detención de Willy Racanac López y Paola Mishelle Escobar Quiñónez, auxiliares fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) por el supuesto delito de abuso de autoridad, luego de participar en la investigación del caso «Comisiones Paralelas 2020». También destaca el caso de Eva Siomara Sosa, ex fiscal de la FECI, quien fue detenida sin información de las acusaciones en su contra ya que el expediente se encuentra bajo reserva judicial. Al respecto, el Estado indicó que no resultaba posible ahondar en detalles, pero que las órdenes de aprehensión solicitadas se basaron en indicios suficientes que el juez analizó para autorizarlas.
La CIDH refiere que el Estado de Guatemala señaló que no se criminaliza a funcionarios, jueces o abogados, sino que se pretende el estricto cumplimiento de la ley y del debido proceso, permitiendo a todo acusado una defensa apropiada. No obstante, la Comisión ha observado que, en el contexto guatemalteco, ha utilizado el sistema como mecanismo para intimidar, amedrentar y/o eventualmente retirar a estos funcionarios de sus cargos.
La Comisión recuerda al Estado la obligación de proteger a los funcionarios que se desempeñan dentro del poder judicial frente a ataques, actos de intimidación, amenazas y hostigamientos, e investigar a quienes cometen violaciones contra sus derechos y sancionarlos efectivamente. Si los Estados no garantizan la seguridad de quienes ejercen la labor jurisdiccional contra toda clase de presiones externas, la actividad judicial puede ser gravemente afectada, obstruyendo el acceso a la justicia, lo que podría significar un severo retroceso en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala.
En definitiva, la Comisión Internacional instó al Estado a tomar medidas para impedir que se haga uso indebido del derecho penal como forma de restringir la labor independiente de los trabajadores del poder judicial. Asimismo, llama a cesar cualquier injerencia contra la independencia del Poder Judicial con el fin de garantizar una justicia independiente e imparcial propia de un Estado de derecho.