Covid-19.
Corporación de Desarrollo Social no puede obligar a trabajar presencialmente a profesores incluidos en grupo de alto riesgo, mientras no dicte un protocolo que contenga medidas de protección adecuadas.
Si bien la Ley N°21.342 es aplicable a entidades del sector privado, no es óbice para exigir un instrumento similar en las entidades de la administración centralizada y descentralizada del Estado y Municipalidades.

La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Antofagasta, y acogió el recurso de protección interpuesto por un grupo de profesores en contra de la Corporación de Desarrollo Social de la ciudad, por amenazar sus derechos a la vida e igualdad ante la ley, al ordenarles volver a trabajar presencialmente.
En su libelo, los actores manifestaron que desarrollan sus labores en calidad de docentes contratados bajo las disposiciones de la Ley N°19.070, y prestan funciones bajo la modalidad de teletrabajo desde el inicio de la pandemia, formando parte del denominado grupo de riesgo en caso de infección por Covid-19, ya sea por sufrir diversas enfermedades o patologías, o por tener actualmente más de 60 años de edad.
Añaden que, durante las últimas dos semanas del mes de julio de 2021, la recurrida comunicó que, a partir del día 18 de octubre de 2021, se retornaría al trabajo presencial, siendo obligación de los docentes que, hasta la fecha se encontraban prestando funciones bajo la modalidad de trabajo a distancia, retornar a su lugar de trabajo bajo una nueva jornada que nada dice relación con el contrato de trabajo. Ante ello, ejercieron el derecho establecido en el artículo 1 de la Ley N°21.342, en cuanto solicitaron a su empleador se les permitiera prestar funciones en modalidad de trabajo a distancia alegando que se encontraban dentro de la hipótesis de dicha normativa, lo que no fue autorizado.
Te puede interesar

Recurso de casación en la forma acogido.
CS rechaza querella de amparo sobre derecho real de servidumbre de uso y aprovechamiento de bodegas de un edificio.

Proyecto de “Reposición Ruta 0-60 sector Chiguayante-Hualqui”.
Corte de Santiago confirma fallo que rechazó demanda contra el Fisco por incumplimiento de contrato.

Recurso de casación en la forma acogido.
El deber de fundamentación de la sentencia exige hacerse cargo de la prueba rendida en segunda instancia.

