La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Venezuela que aprobó la Asamblea Nacional y promulgó el presidente Nicolas Maduro.
La CIDH explica que la reforma introduce una reducción de doce ministros integrantes, por lo que el Tribunal quedará compuesto por solo veinte magistrados, en lugar de los treinta dos que ejercen actualmente. También permite la reelección de ministros e introduce un cambio en la composición del Comité Parlamentario, encargado de las postulaciones de los aspirantes a dicho cargo, estableciendo que la mayoría de sus integrantes serán diputados en lugar de personas provenientes de otros sectores de la sociedad.
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La Comisión sostiene que la reelección representa un factor de fragilidad para la independencia judicial, dado que un funcionario del poder judicial que pretenda ser reelegido corre el riesgo de comportarse de tal modo que obtenga el apoyo de la autoridad encargada de tal decisión, o de que su comportamiento se perciba de este modo por los ciudadanos.
Asimismo, la CIDH estima que la modificación en el número de diputados que integrarán el Comité Parlamentario tiende a profundizar la crisis institucional debido a que las elecciones parlamentarias celebradas en 2020 no gozaron de condiciones mínimas para ser consideradas libres o justas. Añade que, los mecanismos dirigidos a promover publicidad, participación y transparencia en la elección de magistrados contribuyen a tener mayor certeza sobre la integridad e idoneidad de los funcionarios designados, así, como a brindar confianza a la ciudadanía sobre la objetividad del proceso de elección.
En definitiva, la Comisión IDH hizo un llamado al Estado venezolano a adoptar reformas que efectivamente promuevan y consoliden la independencia del Poder Judicial a través del Tribunal Supremo de Justicia, con el objeto de reconstruir un sistema de contrapesos efectivo.