Corte Constitucional de Colombia.
El Estado debe implementar en los establecimientos penitenciarios programas de educación como parte de la reinserción de la población penal.
Las actividades educativas permiten a la población penal adquirir habilidades útiles para desarrollar un proyecto de vida en libertad.
La Corte Constitucional de Colombia resolvió que es obligación del Estado implementar programas de educación dentro de los recintos penitenciarios como parte del proceso de reinserción a los que se debe someter a la población privada de libertad.
La Corte afirmó que las actividades educacionales, así como las herramientas necesarias para su desarrollo, son esenciales en el proceso de reinserción social de la población penitenciaria, pues los programas de educación son el único medio que permite a los internos adquirir capacidades laborales útiles para su incorporación y aporte en la sociedad.
Añade el fallo que, la educación se encuentra íntimamente relacionada con la dignidad humana, por ello, los programas educativos ofrecidos a la población penal deben cumplir con criterios de asequibilidad y adaptabilidad de acuerdo con la disponibilidad del centro penitenciario. No obstante, es obligación del Estado adoptar las medidas necesarias y adecuadas para concretar la implementación de programas de formación, garantizando con ello, un acceso real a capacitaciones útiles que permitan la reinserción.
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