Corte Constitucional de Colombia garantiza el derecho a visitas íntimas durante la pandemia a la población penal privada de libertad.

La Corte Constitucional de Colombia ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que garantice, en la medida de lo posible, que la población privada de libertad y sus familiares gocen del derecho a las visitas íntimas, sin que pueda restringirse cuando se minimicen los factores de riesgo de transmisión del virus covid-19. Asimismo, advirtió al Ministerio de Justicia que debe velar y garantizar el retorno gradual de las visitas íntimas, atendiendo a las herramientas y conocimientos adquiridos respecto del comportamiento de los factores sanitarios, sin que sea posible suspender indefinidamente las visitas íntimas al interior de los centros de reclusión, salvo cuando resulte estrictamente necesario ante la incapacidad para prevenir los contagios y brotes al interior de algún centro en particular.

El pronunciamiento de la Corte se realizó como respuesta a una tutela presentada por un interno de la cárcel “El Cunduy” y la pareja de un recluso de la cárcel “El Pedregal”, quienes solicitaron la protección del derecho a la visita íntima, tanto de los reclusos como de sus familias, ya que se ha visto afectado por las medidas que las autoridades adoptaron para contener la propagación del COVID-19. Agregan que desde el año pasado se ordenó la puesta en marcha de un plan piloto para el restablecimiento gradual de las visitas. No obstante, esto no se ha cumplido en ninguno de los dos centros de detención.

El máximo Tribunal solicitó al INPEC informe respecto a las medidas restrictivas adoptadas por los centros carcelarios y los planes piloto establecidos para que los internos retomen el contacto con sus familiares. Sin embargo, luego de dos notificaciones el organismo no otorgó respuesta.