Recurso de casación en el fondo acogido.
Corte Suprema condena al Fisco al pago de millonaria indemnización a familiares de víctima de delito de lesa humanidad ocurrido en 1973.
Resulta irrelevante para determinar la responsabilidad del Estado que no se haya logrado individualizar qué funcionario específico fue quien ordenó, ejecutó y participó en el encierro y asesinato de la víctima, lo decisivo es que fue uno o más agentes del Estado obrando en dicha calidad.
La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por los familiares de una víctima de detención ilegal, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel.
La parte demandante dedujo recurso de casación en el fondo, en el que denuncia una errónea aplicación de los artículos 5, 6 y 38 de la Constitución, 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 148 del Convenio de Ginebra y 3 de la Ley Nº18.575, al desconocer que esas disposiciones imponen el deber de reparar al Estado chileno los hechos de sus agentes.
En el fallo de primer grado se demostró que a partir del día 19 de septiembre de 1973, la víctima estuvo encerrada en la Sexta Comisaría de Carabineros de San Bernardo y, luego, en el centro de detención que la Escuela de Infantería de la misma comuna. Luego el fallo constató que fue encerrado por funcionarios de Carabineros y del Ejército, “sin derecho”, y que no existió la intención de ponerlo a disposición de la autoridad competente.
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