Corte de Santiago confirma fallo que condenó a oficial de Carabineros por apremios ilegítimos en Peñalolén.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad deducido por la defensa en contra de la sentencia que condenó al coronel de Carabineros Eduardo Werner Witt Sánchez a 300 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena por el término de un año, en calidad de autor del delito consumado de apremios ilegítimos. Ilícito perpetrado el 20 de octubre de 2019, en la comuna de Peñalolén.

El fallo señala que en cuanto a la alegación de la defensa de que su representado fue condenado excediendo el tribunal los hechos de la acusación y los antecedentes conocidos y aceptados expresamente por el imputado al aceptar la aplicación del procedimiento abreviado, se debe tener presente que, del examen de la oportunidad procesal para acordar este procedimiento especial, de que además el imputado, consultado en audiencia por el tribunal que admitió el procedimiento, intervino aceptando expresamente los contenidos específicos de los hechos, conociendo la calificación jurídica que de ellos habían hecho la parte del Ministerio Público y de la querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos contenida en la querella, lo que permite concluir que en este procedimiento hubo un uso racional, ponderado y objetivo del mismo, al aceptarse la solicitud del fiscal Ministerio Público y del imputado para proceder de conformidad a las normas del Título III, del Libro IV del Código Procesal Penal, sobre procedimiento abreviado, manteniéndose todas las actuaciones incluida la sentencia definitiva bajo las directrices legales de este.

La resolución agrega que frente al problema de la calificación típica del hecho ejecutado por el funcionario público, en cuanto a los elementos necesarios para satisfacer el tipo de apremios ilegítimos del artículo 150, letra D, del Código Penal, se comparte lo razonado por el tribunal de primera instancia de que en el hecho concurren determinadas circunstancias que conducen a tal valoración, al reconocerse en la conducta del funcionario la conexión con los elementos que componen la figura, es decir, la severidad del sufrimiento de la víctima y la intencionalidad de causarlo para infundir miedo o temor, agregando la ausencia de un propósito legítimo del uso de la violencia, es decir, la falta de necesariedad del sufrimiento al actuar el agente en la forma en que lo hizo, sin llegar el hecho a constituir tortura, constituyéndose de esa forma la conducta en una infracción a los valores básicos de las personas.