Fallo divido.
Ocupación y bloqueo de ingreso a predio efectuado por una comunidad indígena, constituye un acto de autotutela que afecta el derecho de propiedad.
Que los hechos estén bajo el conocimiento del Ministerio Público no impide que el Tribunal cautele garantías fundamentales.

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Concepción, y acogió el recurso de protección deducido en favor de Agrícola Doña Cecilia Limitada, en contra de la Comunidad Indígena Ñuke Teresa Melita, por la ocupación y bloqueo del ingreso a su predio.
En su libelo, el recurrente expone que el 6 de marzo de 2021 miembros de la Comunidad recurrida ingresaron a su inmueble sin autorización y con ánimo de ocuparla ilegalmente e impedirle el ingreso, manifestándole al cuidador del terreno que no se retirarían del lugar y que desde ese momento la Comunidad pasaría a ocupar y controlar el acceso de la propiedad. Los hechos fueron puestos en conocimiento de Carabineros de Cañete y denunciados ante el Ministerio Público.
Afirma que la actuación de las recurridas es ilegal y arbitraria, toda vez que ha procedido a tomar la justicia de propia mano impidiéndole el ingreso a su predio, en el que desarrolla legítimamente actividades forestales, conculcando las garantías constitucionales estatuidas en el artículo 19 N°21 y N°24, y solicita se les ordene hacer abandono del predio y retirar toda obstrucción que le impida el ingreso a la propiedad.
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