La moción, patrocinada por los Diputados Jorge Alessandri, Cristián Araya, Juan Antonio Coloma, Felipe Donoso, Henry Leal, Andrés Longton, Guillermo Ramírez, Diego Schalper y Stephan Schubert, modifica las leyes N°18.216 y N°12.927, con el objeto de restringir el acceso al beneficio de la penas sustitutivas de la privativa de libertad a quienes cometan delitos contra Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile, y al mismo tiempo, agravar las penas de aquellos delitos cometidos en contra de la integridad física de dichos funcionarios.
El proyecto señala que la labor realizada por instituciones como Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile para el resguardo del orden público resultan fundamentales para la seguridad pública de nuestro país; y, en dicho contexto, es necesario que a sus funcionarios se les garantice de una protección especial por parte del Estado en el ejercicio de sus funciones para proteger su propia integridad física, a fin de que puedan cumplir su labor.
No obstante, destaca que en el último tiempo ha existido un aumento de la violencia en contra de autoridades en el ejercicio del resguardo del orden público que urge frenar, por lo que un estatuto más severo en la ejecución de la pena cuando se afecte la integridad física de funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones o de Gendarmería, manifestaría por parte del Estado un compromiso y decisión en cuanto a que hechos similares no vuelvan a ocurrir o bien, tengan el castigo que corresponde acorde a la gravedad del delito cometido.
Para ello, proponen modificar el inciso segundo del artículo 1 de la Ley N°18.216 -que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad-, instaurando una restricción para que en aquellos delitos en los que se atente contra la integridad física de funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones o Gendarmería, no se pueda acceder a penas sustitutivas de la privativa o restrictiva de libertad.
Además, aumenta las penas de aquellos delitos cometidos en contra de la integridad física de autoridades en el ejercicio del resguardo del orden público, incorporando un artículo 7 bis en el Título III de la Ley N°12.927 -sobre Seguridad del Estado-, agravando la pena de los delitos contemplados en su artículo 6, en caso de afectar la integridad física de dichos funcionarios.
Vea Boletín N°14870-25 y siga su tramitación aquí.
RELACIONADOS
Endurecen sanciones a quienes utilicen a menores en delitos…