Municipalidades no pueden vender o distribuir gas a sus vecinos sin una ley que los autorice.

Las Municipalidades de Calera de Tango, Paine, Buin e Isla de Maipo, solicitaron pronunciamiento a la Contraloría General de la República, sobre la procedencia de expender gas licuado, como un modo de atender las necesidades de la comunidad local, sin perseguir fines de lucro. A su vez, consultan si en cumplimiento de su deber de asistencia social, es posible financiar a sus vecinos parte del valor del gas que estos adquieran a los distribuidores establecidos, previa elaboración de un programa asistencial a cuyo cargo se imputará dicho gasto y de la evaluación de las necesidades de los beneficiarios que cumplan los requisitos.

Al respecto, el ente contralor señala que, “(…) no obstante la delicada situación planteada por las entidades edilicias respecto del alza de los combustibles, estas solo podrían vender y/o distribuir gas a sus vecinos en la medida que el legislador las autorice expresamente, lo que no acontece en la especie”.

En cuanto a la segunda consulta, es del caso recordar que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 letra c) de la Ley N°18.695, los órganos comunales se encuentran habilitados para desarrollar funciones relacionadas con la asistencia social, para lo cual pueden entregar ayuda a personas en estado de necesidad manifiesta.