Acción de protección en contra de liquidador por no solicitar resolución de término de un procedimiento concursal iniciado en el año 2017, se acoge a trámite.

La Corte Suprema revocó la resolución pronunciada por la Corte de Santiago, y declaró admisible la acción de protección deducida por una persona deudora en contra de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y del liquidador que está a cargo del procedimiento de liquidación por no dictar la resolución de términos del proceso de liquidación concursal.

El actor expone que se encuentra declarado en liquidación concursal voluntaria como persona deudora, desde el 21 de septiembre de 2017 y que todos sus bienes en liquidación fueron subastados en enero de 2018. Puntualiza que se hicieron pagos a acreedores entre los cuales se encuentran los honorarios del liquidador, no existiendo más bienes que liquidar, por lo que habiéndose repartido los haberes solo le queda esperar los tramites que llevaran a la resolución de término del concurso de liquidación.

Señala que en el intertanto sobrevino el estallido social y la pandemia, razones que podían justificar que el liquidador y la recurrida retrasaran el término del procedimiento, sin embargo, una vez que se normalizó el trabajo telemático de los tribunales esto no se verificó.