¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta su Relatoría?

Creo que son muchos; pero me atrevería a resaltar dos que creo que son particularmente relevantes ahora. Primero, hay corrientes autoritarias en marcha en todas las regiones del mundo. Es un fenómeno que no sólo está en el sur, sino también en el norte, incluso en la Europa democrática. Segundo, hay nuevos retos que implican tener una administración de justicia que incorpore la globalización como un aspecto esencial frente a temas fundamentales como la lucha contra la corrupción.

¿Cuáles son las principales alertas para los Estados que se enfrentan a corrientes autoritarias?

Defender la independencia judicial no es un concepto abstracto que atañe a jueces y abogados o a potenciales litigantes, sino que es un componente esencial del proceso democrático. Siempre lo fue, pero ahora es evidente de manera que todo lo que afecte la independencia judicial ya empieza a ser y ya debe ser materia de  observación y de especial sospecha como el primer paso a un proceso autoritario.

Así empezó la cuestión en Polonia, reformando la edad de jubilación a los miembros de la Corte Suprema para deshacerse de la presidenta de este Tribunal que era demasiado independiente. En ese momento mucha gente no se sorprendió y no se escandalizó. En mi visita a Polonia manifesté: “la justicia está bajo ataque” y, justo, ese fue el titular que sacaron los periódicos. De manera que seguir el curso de los procesos políticos es hoy en día muy importante para entender cada amenaza y cada acto que afecta la independencia judicial como una señal de alarma que debe motivar de inmediato la reacción de la sociedad civil, de la comunidad democrática y no solamente de los especialistas del derecho.

¿Y qué implica entonces asumir una administración de justicia global en temas como la corrupción?

Entender la corrupción en la actualidad no es un asunto que puede ser visto como una competencia estricta de los tribunales penales nacionales, aun cuando por supuesto tienen la competencia para adelantar procesos y, eventualmente, condenar. Pero la corrupción adquiere características internacionales y transnacionales —porque suelen estar involucradas grandes corporaciones o por el flujo de los recursos que se utilizan para la gran corrupción—.

Las respuestas en consecuencia tienen que ser también globales y la Convención contra la Corrupción —uno de los mejores tratados que ha promovido las Naciones Unidas en las últimas décadas— insta a adelantar una lucha contra la corrupción, que no se quede en una abstracción en manos de los diplomáticos, sino para que sea una herramienta de trabajo en mano de los sistemas judiciales. Y en eso estamos todavía un poco “en pañales”. Creo que no hay suficiente conciencia de que los sistemas judiciales tienen hoy en día la facultad de articularse. Por ejemplo, el Fiscal General de Colombia puede pedirle al Fiscal General de Brasil la extradición de una persona sin pasar por las cancillerías o por los vericuetos diplomáticos, porque la Convención lo permite y lo faculta, pero no hay suficiente conciencia de ello.

En cuanto al caso de Latinoamérica ¿Qué buenas prácticas ha identificado en la región?

Yo creo que se ha avanzado en América latina en los últimos tiempos. Es decir, el hecho de que prácticamente en todos lados con pocas excepciones haya expresidentes que están siendo objeto de investigación por delitos de corrupción, es algo que no ocurría hace 25 o 30 años. Y que no ocurre mucho en Europa ¿no? Entonces, creo que hay una mayor sensibilidad en espacios judiciales y de las fiscalías que da cuenta de cierta independencia frente al poder político y de la superación de silencios o de complicidades avaladas por la administración de justicia.

¿Cuáles son las alertas y riesgos para Latinoamérica?

Sigo viendo como un tema grave en el mundo y en América Latina, el involucramiento del poder político en los procesos de designación y de promoción de jueces y fiscales. Creo que eso es un tema al que hay que ponerle atención y pienso que entre más lejos esté el poder político, ejecutivo o legislativo de los procesos de designación y ascenso, mejor. Reconozco que en varios países democráticos, el gobierno, el parlamento o el senado (cuando existe) se involucra en tales procesos y eso no necesariamente invalida los nombramientos. Pero yo sí creo que puede y debe avanzarse en un proceso de autonomización frente al poder político, para que cada vez sea menor el grado de decisión final que tienen quienes ocupan esos espacios y que haya más participación de la sociedad a través de consejos de la judicatura, y de amplias convocatorias que cierren el camino a las arbitrariedades.

¿Y, entonces, hacia dónde dirigir los procesos de designación y promoción de jueces y fiscales?

No existe un modelo perfecto, pero creo, por un lado, que los Consejos de la Judicatura –respecto de los cuales publiqué un informe hace dos años–, son una línea de acción interesante, aunque tampoco representan una fórmula infalible. En Chile se está empezando a pensar en un Consejo de la Judicatura que reemplace el actual sistema endogámico de nombramiento de jueces y juezas que hay en ese país. De manera que yo creo que ahí hay un tema muy importante que debe ser reforzado.

Por otro lado, es importante fortalecer el concepto de carrera judicial: que los jueces y juezas y fiscales sean como el servicio diplomático o la función policial. Que sea una carrera válida dentro del Estado y respecto de la cual se incorporen, dentro de la cultura democrática nacional, conceptos como el de la inamovilidad. No por darle ningún tipo de protección especial a los jueces, sino porque lo que se necesita es que personas de altas calidades estén en el sistema judicial. No puede estarse pensando que, en función de cada cambio de corriente y de opinión política, pueda haber una remoción de los jueces y juezas, porque eso sería afectar la independencia judicial.

Pero creo que se necesita internalizar la independencia judicial como concepto. Lo estoy viendo ahora en la discusión que hay en la constituyente chilena, que están planteando que los jueces tengan una duración máxima de ocho años. Eso me parece equivocado, porque eso genera un principio de precariedad que no ayuda a la independencia judicial.

¿Hacia dónde debería dirigirse el diálogo entre los tribunales nacionales y los tribunales internacionales de derechos humanos?

En el plano de los derechos humanos, creo que se ha avanzado muchísimo en Europa y en América Latina (en otras regiones mucho menos) en entender que hay obligaciones para los tribunales nacionales que se derivan de las decisiones de los tribunales de derechos humanos internacionales. En particular, en el caso latinoamericano, la Corte IDH cuyas sentencias son vinculantes —lo dice el tratado y no es ninguna novedad—.

Pero tiene que enraizarse ese concepto dentro de la judicatura en su conjunto, para que se conviertan todos los jueces y juezas nacionales en seguidores de esa jurisprudencia, porque están obligados a respetarla. Y si la jurisprudencia internacional avanza más allá de una legislación nacional que planeta lo contrario, el juez nacional tiene que preferir aquello que promueve la protección de los derechos humanos, aunque la norma nacional contemple algo diferente.

Y ahí falta un gran trabajo de las escuelas judiciales y de las facultades de Derecho. Desde la Fundación KAS se hace un gran trabajo de difusión y para promover este tipo de reflexiones. En realidad la difusión no es necesaria, la información está hoy día al alcance de todos. Pero promover la reflexión y el análisis es una tarea indispensable en donde espacios como éste son insustituibles. De manera que los felicito por el trabajo que vienen haciendo y los sigo desde hace años.

Hay varias críticas a las relatorías de las Naciones Unidas por la falta de “dientes” o de vinculatoriedad de sus pronunciamientos. ¿Cuál es su perspectiva frente a estas afirmaciones?

Yo creo que podrían criticarse más cosas. El hecho de que hay más de cincuenta relatorías, por ejemplo, debilita la capacidad de acción. Pero, además, el hecho de que tienen un apoyo administrativo y profesional a veces casi nulo. Pero sin duda lo que hay que ver es el papel de la Relatoría como parte de un gran sistema. Junto a estas, hay instrumentos vinculantes, tanto a nivel global como regional. Pero incluso tenemos una Corte en América Latina. De manera que hay que verlo como un componente que puede reforzar. Recientemente, la Corte IDH en una  sentencia sobre temas judiciales, citó al Relator de Naciones Unidas como un criterio de interpretación y esto resulta muy valioso. No creo que la falta de carácter vinculante en sus decisiones o recomendaciones sea una debilidad fundamental porque hay otros espacios.

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Pero también, debe analizarse el rol de las Relatorías a la luz del contexto en el que se concibieron. Por un lado, las relatorías surgen a final de la década de los 80 cuando el mundo era un poco distinto, no había Cortes tan activas como hoy en día las hay a nivel internacional por un lado. Y por otro, hay que evaluar el impacto que por ejemplo genera una visita a un país. La última misión que hice antes de la pandemia fue a Uzbekistán. En Uzbekistán había un sistema político-institucional congelado, 30 años después de la caída del muro y mi visita sirvió para abrir un diálogo y que se produjeran realmente ciertas reformas en el sistema de justicia.

Al final mi conclusión fue que fui invitado tal vez para eso, para que pudiera decirse desde el lado internacional ciertas cosas que estaban siendo buscadas a nivel interno y encontraron ahí una especie de nexo o de aliado para poder hacer ciertos cambios locales. De manera que yo creo que ahí hay algo en donde, el carácter vinculante o no vinculante acaba siendo secundario y de poca relevancia.

¿Cómo fortalecer el trabajo de las Relatorías de las Naciones Unidas?

Lo que tiene que hacerse es ir apagando esa tentación de crear más relatorías y, en su lugar, eventualmente concentrarlas (aunque resulta un poco difícil) y reforzar el apoyo logístico que las Relatorías requieren. Los relatores no ganan un centavo pero trabajan, a veces, de manera desmedida sin tener en algunos casos el menor apoyo profesional. Entonces yo creo que ahí faltaría un diálogo para que los recursos de Naciones Unidas que van a ser cada vez más limitados puedan ser mejor y más eficientemente aprovechados.