Mediante un procedimiento especial, la Universidad de Chile podrá destituir a docentes que hayan sido calificados deficientemente.

El Rector de la Universidad de Chile se dirigió al Contralor General de la República, solicitando que se complemente el nuevo instructivo sobre ‘’confianza legitima en las contratas’’ contenido en el dictamen N° E156769, de 2021, con motivo de incorporar al estatuto especial que rige a los académicos de la Casa de Estudios Superiores dentro de aquellas normativas excluidas de la aplicación del principio de confianza legitima. Esto, pues el nuevo instructivo excluye a la mala evaluación funcionaria como uno de los motivos para justificar la no renovación o el termino anticipado de la contrata de un funcionario.

El referido Dictamen, impartió nuevas instrucciones sobre confianza legitima, señalando que el legislador previó un sistema para valorar, de manera práctica y reglada, el desempeño de los funcionarios, contemplando dos efectos para quienes resulten peor evaluados: el cese, y una inhabilidad temporal para reingresar a la administración. Estos efectos son indisponibles para la Administración, resultando imperativo que el cese de una contrata motivado en su desempeño o aptitudes deficientes se realice mediante el procedimiento establecido por la ley para este fin, que es la calificación regular, para luego ubicar al funcionario en la lista pertinente y, si procediere, disponer su destitución.

Para el Rector, la aplicación irrestricta del Dictamen impide realizar una evaluación fuera de los márgenes del procedimiento formal de calificación, al cual deben someterse los académicos de la Universidad de Chile cada dos años, o cuatro años, dependiendo de su jerarquía académica, lo cual difiere en cuanto a su periodicidad y duración al del Estatuto Administrativo. En tal sentido, esta circunstancia impide desvincular a aquellos docentes que no cumplen con las exigencias de mérito y excelencia para la enseñanza, debiendo en su opinión permitírsele evaluarlos mediante un procedimiento especial, excluyéndolos del criterio general de la Contraloría.