Diario Constitucional

Nulidad de oficio.

Corte de Valparaíso debió considerar efectos de la interrupción natural del plazo al confirmar sentencia que declaró la prescripción de un contrato de promesa.

En cambio, solo estimó los efectos de la interrupción civil incurriendo el fallo en la causal de casación formal del artículo 768 N°5 en relación al artículo 170 N°4 ambos del Código de Procedimiento Civil.

Por Redacción·22 de junio de 2022·4 min de lectura
No basta con impugnar genéricamente la valoración probatoria, sino que es necesario demostrar un vicio concreto que haya tenido un impacto sustancial en la decisión del tribunal.
Referencial

La Corte Suprema, al conocer un recurso de casación en el fondo, anuló de oficio la sentencia dictada por la Corte de Valparaíso, que confirmó aquella de base que hizo lugar a una demanda de declaración de prescripción extintiva de las obligaciones contenidas en un contrato de promesa.

En abril de 2018, el promitente vendedor presentó la acción para que sea declarada la prescripción de las obligaciones contenidas en un contrato de promesa celebrado con el demandado en mayo del año 2002.Sostiene que, a tenor de la cláusula cuarta de la convención, el contrato prometido debió celebrarse a más tardar en mayo del 2006, y al no verificarse el cumplimiento de las obligaciones contraídas por ninguna de ambas partes, solicita al Tribunal que declare prescritas las obligaciones contraídas. Agrega que, el plazo de prescripción fue interrumpido civilmente por el demandado al interponer en 2011 demanda en su contra en un juicio ejecutivo por obligación de hacer, no obstante, tal acción a nada arribó, por lo que desde el 2011 a 2018, se encuentra largamente cumplido el plazo para prescribir que invoca.

En su defensa, el promitente comprador pide el rechazo de la demanda. Argumenta que, el plazo de prescripción se debe contar desde el pago del último dividendo, lo que ocurrió en noviembre de 2016, esto, en referencia a la forma en que se pactó el precio, pues el contrato se celebraría cuando pagara $9.000.000, es decir, a más tardar 48 meses después de la firma de la promesa. Añade que, por diversas modificaciones al contrato original, la demandada tuvo que hacerse cargo de las deudas hipotecarias del inmueble prometido, en ausencia de la demandante, las cuales terminó de pagar en 2016, época que considera como originaria para el plazo de la prescripción, pues anteriormente operó la interrupción natural y no la civil como afirma el demandante.

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