Derecho a la vida e integridad física.
Situación de salud de estudiante universitaria que padece asma y atrofia en sus piernas no es causa suficiente para reclamar que se la autorice rendir evaluaciones en modalidad online.
No se advierte que la recurrente haya sufrido alguna perturbación, amenaza o privación al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales invocadas.

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Iquique, que rechazó el recurso de protección deducido por un estudiante de Administración de Empresas y Gestión Comercial, en contra de la Universidad Arturo Prat, por la obligación de asistencia presencial a las clases correspondiente a sus estudios de pregrado.
La actora expone que es una persona con discapacidad física que estudia desde el año 2018 en la institución recurrida y que este año, por la pandemia, su doctora y médico traumatólogo extendieron certificados médicos explicando los motivos por los que no puede asistir a clases presenciales –principalmente por asma y atrofia en sus piernas- los que fueron presentados en la casa de estudios a través de un correo electrónico. Cita el Decreto Exento N°10-0159-22, dictado por la Universidad, asegurando que no es respetado en igualdad de condiciones para el alumnado, y que la imposibilidad de rendir sus pruebas por el aula virtual está retrasando sus estudios, pues le falta sólo este año para terminar.
Sin embargo, indica que a la fecha no ha tenido respuesta de ningún funcionario, conducta que vulnera la garantía estatuida en el artículo 19 N°1 de la Constitución, y solicita una solución para poder rendir exámenes a través del aula virtual.
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