La potestad de inspección busca garantizar la eficacia de las normas que debe fiscalizar la Administración, sin que pueda confundirse con la potestad sancionatoria que exige un debido proceso.

La Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Santiago, que rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por Unnio Seguros Generales S.A. en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, impugnando la resolución N°498, firmada por el Intendente de Seguros, acto administrativo por el cual se rechazó la reposición interpuesta a su vez en contra del Oficio N°64.781.

En su libelo, la reclamante refiere que el Intendente de Seguros actuó de manera ilegal, pues no cuenta con potestades para extender la interpretación ya efectuada por la Comisión en la Circular N°1499, respecto de las exigencias aplicables a las cartas de resguardo para respaldar las deudas por cobrar por operaciones de coaseguro no líder.

Indica que la referida Circular, en el párrafo 2° del punto 2.3 hace expresa referencia a las exigencias relativas a las cartas de resguardo, lo que se cumpliría completamente con las cartas de resguardo que han respaldado las cuentas por cobrar de la reclamante, de manera que quedaría en evidencia la actuación ilegal del Intendente de Seguros cometida en la Resolución impugnada, exigiendo requisitos adicionales a los señalados a los que atribuye, además, el carácter de elementos de existencia de las cartas de resguardo.