Recurso de amparo acogido.
Decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que rechazó reducir la pena del condenado por haber cometido delitos sexuales contra menor de edad, es ilegal resuelve la Corte Suprema.
Los actos administrativos no pueden tornar más gravosa la situación de un privado de libertad cuando la modificación de una ley incide directamente en la forma de cumplimiento de una pena.

La Corte Suprema revocó el fallo dictado por la Corte de Santiago, que desestimó el recurso de amparo interpuesto en contra del Decreto Exento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que rechazó la reducción de condena en favor del amparado por haber cometido un delito de abuso sexual y de violación contra un menor de 14 años.
El recurrente alega que se vulneró su libertad personal, el principio de legalidad y de irretroactividad, ya que la Comisión de Beneficio de Reducción de Condena determinó que puede ser beneficiado de acuerdo a la Ley N°19.856, sin embargo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos decretó el rechazo de la reducción de condena por haber aplicado la Ley N°21.421, la cual entró en vigencia cuando el amparado ya se encontraba cumpliendo su condena, cuyos beneficios penitenciarios no se encontraban condicionados al tipo de delito que hubiese cometido.
El recurrido informo que de acuerdo a la Ley N°19.856, la Comisión de Beneficio de Reducción de Condena realiza una calificación del comportamiento de las personas privadas de libertad que fueron presentadas en un listado por Gendarmería, que puede ser sobresaliente o no sobresaliente, sin embargo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en virtud del artículo 14 de la ley “(…) es el encargado de otorgar o rechazar el beneficio, dictando el Decreto Exento, bajo la fórmula: “Por orden del Presidente de la República”, una vez que es presentada la solicitud.
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