Casación en el fondo acogida.
Indemnizaciones que contempla el Estatuto Administrativo no establecen límites en cuanto a su cálculo en relación con el monto de las remuneraciones.
No corresponde aplicar el tope establecido en el artículo 172 del Código del Trabajo.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Santiago, que confirmó aquella que no hizo lugar a la demanda deducida contra la Comisión para el Mercado Financiero, por concepto de indemnización del artículo final de la Ley N°18.834.
En su libelo, el actor señala que prestó servicios para la demandada entre el año 1984 y el 27 de abril de 2017, y con la aplicación de las Leyes N°18.842 y N°18.834 dejó de tener la calidad de trabajador regido por el Código del Laboral y pasó a tener la de funcionario público gobernado por el Estatuto Administrativo, de manera que al momento de ponerse término a la relación estatutaria con la demandada se regía por este cuerpo legal, por la ley especial de la Superintendencia de Valores y Seguros, y sólo supletoriamente por el Código del Trabajo, al tenor de lo dispuesto en el Estatuto del Personal de la Superintendencia de Valores y Seguros.
El tribunal de primera instancia rechazó la demanda, indicando que, con la promulgación de la Ley N°18.834 se establece el derecho a obtener una indemnización por años de servicio, con el tope de su promulgación, por lo que “el demandante tiene derecho a percibir por concepto de indemnización, el equivalente a una remuneración por años servidos en dicho lapso, esto es cinco años, pues no se encuentra controvertido en estos autos que su nombramiento al cargo público citado, se efectuó en el año 1984”, agregando que al no señalar dicha norma cómo debe efectuarse el cálculo para otorgar dicha indemnización, se debe atender a lo dispuesto el artículo 1 del DFL N°411 de 1981, en cuanto remite a la normativa laboral común. De esta forma, “según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 172 del Código del Trabajo (…) el monto cancelado por la Superintendencia de Valores y Seguros (…) es la suma que efectivamente le corresponde percibir por concepto de indemnización por años de servicio, atendida la normativa laboral a la cual se encontraba sometido durante sus años de servicio prestados en la misma”.
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