Plazo para impugnar un acto nulo comienza a correr sólo una vez que la persona haya sido informada del mismo en una lengua que comprenda, sin perjuicio de la asistencia letrada.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una opinión consultiva con ocasión de una solicitud prejudicial del Tribunal de Audiencia de Évora de Portugal, concluyó que la nulidad procede aun cuando no se haya alegado oportunamente, siempre y cuando las actuaciones judiciales anteriores a la resolución definitiva que determina la responsabilidad penal del acusado, hayan vulnerado el derecho a la interpretación y a la traducción.

En la petición el Tribunal portugués preguntó si las nulidades por falta de interpretación y de traducción pueden entenderse cubiertas por no haberse recurrido oportunamente los actos procesales, ya que el abogado del condenado no interpuso recurso de nulidad dentro de plazo una vez que se le notificó la revocación de la suspensión del cumplimiento de su representado, quien no compareció al Tribunal de Instancia, porque no había sido notificado en su nuevo domicilio y desconocía que debía informar del cambio, sin perjuicio de la declaración de identidad y de residencia que suscribió, puesto que dicha declaración no estaba traducida en rumano; situación que lo llevó a su detención para dar cumplimiento a la condena en prisión.

El TGUE advierte que con respecto al derecho de traducción e intérprete, “(…) la fase de ejecución de la resolución definitiva dictada por un tribunal de lo penal contra una persona declarada culpable de un delito, aun formando parte del proceso penal a otros efectos, no resulta, pues, afectada con la obligación de proteger esos derechos. Y eso es así aun cuando en esa fase se dicten medidas que impliquen una restricción de la libertad del condenado, como puede ser la de autos o cualquiera de las que se adopten en el marco del cumplimiento de la pena en un establecimiento penitenciario (por ejemplo, la supresión de los permisos de salida, la revocación del cumplimiento de la pena en régimen abierto y otras similares).” Es decir, la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo “(…) no confieren a los condenados los mismos derechos que otorgan a los sospechosos o a los acusados.” Sin embargo, “(…) se aplicarán los mencionados preceptos cuando esas actuaciones procesales derivan del incumplimiento de una obligación impuesta en la en la fase anterior a la sentencia, cuyas consecuencias el condenado no pudo conocer, al ignorar la lengua en la que se desarrolló la actuación y no habérsele traducido su contenido.”