Vulneración a los derechos a la educación y a la libertad de profesión.
Corte Constitucional de Colombia resuelve que las prácticas no remuneradas son válidas para optar al título de abogado, pues constituyen un servicio social que trasciende los requisitos formales.
La práctica profesional para obtener el título de letrado es una expresión del principio de solidaridad, pues permite a los egresados realizar pasantías, en muchos casos sin derecho a retribución económica, con el objetivo de poner sus conocimientos al servicio de la comunidad.
La Corte Constitucional de Colombia acogió una acción de tutela deducida por un egresado de derecho y ordenó al Consejo Superior de la Judicatura certificar el término de su práctica profesional, para así lograr la obtención del título de abogado.
El recurrente realizó su práctica durante nueve meses en la Cámara de Comercio de Dosquebradas, la cual, debido a falta de fondos, no remuneró sus servicios. Concluidas sus funciones, presentó sus antecedentes ante la Consejo Superior para obtener el título de letrado.
Sin embargo, la entidad se negó a ello aduciendo que su práctica no cumplía con los requisitos establecidos en la norma, que exige la realización de una práctica remunerada y de al menos 1 año. Por este motivo solicitó al recurrente la documentación necesaria para acreditar los pagos, so pena de no tramitar la solicitud.
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