Quien pretende la revisión judicial de una decisión adoptada en juicio político, debe demostrar nítida, inequívoca y concluyentemente, un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en un juicio.

La Corte Suprema Argentina desestimó un recurso de queja deducido por el Fiscal General de Sarmiento, provincia de Chubut, confirmando así los fallos de instancia que resolvieron su destitución del cargo a través de un juicio político, por su desconocimiento del derecho y mala gestión durante el ejercicio del cargo.

Luego de evaluar su desempeño de 3 años, la Magistratura informó al Tribunal de Enjuiciamiento la deficiente actuación del fiscal, el cual resolvió destituirlo de su cargo en virtud de lo dispuesto en el artículo 192 de la Constitución Provincial.

No conforme con esta resolución, el fiscal interpuso una serie de recursos en distintas instancias judiciales con el fin de revertir esta decisión, hasta deducir un recurso de queja en estrados de la Corte Suprema. En su libelo adujo que se vulneró su derecho al debido proceso, y para fundamentar sus alegaciones enumeró una serie de agravios de carácter procedimental.