Partido Progresista interpone Recurso de Queja en contra del Director del SERVEL que rechazó incidente de nulidad de todo lo obrado.

El Partido Progresista de Chile (PRO), representado por su último Presidente Camilo Lagos y su ex Administradora General de Fondos –y actual Liquidadora del Partido Progresista que se encuentra en causal de disolución-, Andrea Condemarín, interponen recurso de queja en contra del Director del SERVEL, Raúl García, por las faltas graves y abusos que le imputan en el procedimiento administrativo sancionador que se sigue en contra del PRO, por rechazar de plano un incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento, porque estiman que no está facultado para emitir dicho pronunciamiento (ya que sólo puede dictar un pronunciamiento definitivo), pues esa competencia le correspondería al Subdirector de Partidos Políticos del SERVEL que es quien asume el rol de Fiscal Instructor en los procedimientos sancionatorios iniciados por incumplimientos o infracciones a la normativa sobre partidos políticos (art. 74 letra G) de la Ley sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral).

Al pronunciarse el Director del SERVEL sobre el incidente de nulidad de todo lo obrado, afirman, se ha constituido en una comisión especial vulnerando lo previsto en el artículo 19 N°3 inciso quinto de la Constitución: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”, pues el órgano público competente –o juez natural en términos procesales- para emitir pronunciamientos en cuestiones incidentales como la nulidad planteada, es el Subdirector de Partidos Políticos.

Ahora, si el Director tuviese competencias o atribuciones para emitir pronunciamientos sobre materias accesorias, de igual forma cometería una falta o abuso grave, sostienen, dado que resolvió de plano el incidente, sin abrir un término probatorio, lo que les impidió rendir prueba sobre un hecho pertinente, sustancial y controvertido, como lo es la existencia o no de la notificación valida, vulnerando de esta manera el derecho a un justo y racional procedimiento.