Corte Constitucional de Colombia.
Inhabilidad de condenados para ingresar a la administración pública es lícita y busca precaver que la falta de idoneidad del postulante afecte la función pública.
Las inhabilidades son restricciones a la capacidad jurídica de las personas para entablar ciertas relaciones jurídicas con el Estado. Buscan garantizar la transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad en el acceso y la permanencia en el servicio público, para que prime el interés general sobre el particular.
La Corte Constitucional de Colombia desestimó la acción de tutela deducida por un condenado que fue inhabilitado para optar a cargos públicos, confirmando así los fallos de instancia que denegaron su solicitud.
El recurrente fue condenado a 6 años de cárcel por el delito de extorsión. Tras cumplir su condena solicitó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) eliminar su registro de inhabilidad para desempeñar cargos públicos, puesto que la pena estaba prescrita.
Adujo que la inhabilidad contenida en la Ley 734/2002 solo opera respecto de personas que son funcionarios públicos o que lo han sido, cual no es su caso. En su opinión, esta es una norma administrativa de carácter sancionatorio.
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