Recurso de protección acogido.
Corte Suprema ordena reconocer práctica profesional de estudiante de Derecho.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la entidad pública al desconocer sus propias actuaciones y el tiempo que la alumna ha dedicado a la realización de la práctica profesional en la Defensoría Penal Pública.

La Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto en contra de la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá y le ordenó reincorporar a su práctica profesional a la estudiante, quien se encuentra en proceso de obtención del título de abogada.
El fallo señala que resulta que la recurrente efectuó una solicitud de práctica profesional ante el funcionario investido para recibirla, enviando una petición a su correo electrónico institucional, quien al responderle por ese mismo medio, únicamente le manifestó la necesidad de que la Defensoría Penal Pública ‘solicite la apertura del cupo y la carga de trabajo que se estima realizará durante los seis meses que dure esta’. Enviada esta información por el Jefe de la Defensoría Penal Pública de Calama, la recurrente solicita alguna respuesta por la aplicación de comunicación remota, Whatsapp, a lo que el mismo funcionario responde, ante la consulta genérica sobre su postulación, que estaba autorizado.
La resolución agrega que, se concluye que las respuestas otorgadas por el Director Regional de la Corporación de Asistencia Judicial, conforme con lo dispuesto en los artículos 3 y 18 de la Ley N° 19.880, constituyen actos administrativos particulares, de contenido favorable a la gobernada, al manifestar el funcionario competente una decisión frente a una consulta de un particular, por los medios idóneos para ello, especialmente teniendo en cuenta la situación de pandemia, recayendo sobre la administración la obligación de que sus resoluciones sean lo suficientemente claras y transparentes para sus destinatarios.
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