Elaborado por medio de un amplio proceso de construcción participativa, en el cual participaron 760 personas de los distintos países de las Américas, el Plan Estratégico CEJA 2022-2026 es el instrumento de gestión que fija la ruta de trabajo que la institución desarrollará en los próximos años.
También, establece los ejes temáticos prioritarios en los cuales la institución pretende impactar con cambios significativos y verificables en los sistemas de justicia de las Américas. Este plan orienta todos los instrumentos de gestión técnica y financiera de la institución, y el desarrollo de las capacidades que CEJA fortalecerá progresiva y gradualmente en los siguientes años.
La sistematización de todos los aportes ha permitido a CEJA identificar y caracterizar los desafíos centrales de los sistemas de justicia de las Américas, junto con las expectativas que los diversos colectivos tienen respecto a la labor de CEJA en los próximos años.
Un primer desafío de los sistemas de justicia de las Américas se refiere a la necesidad de incrementar su comprensión sobre los cambios en el contexto global y su impacto en las expectativas ciudadanas sobre la justicia. Los cambios económicos, ambientales, sociales y, especialmente tecnológicos, a nivel global han influido en las sociedades. El Internet y el acceso a la información en tiempo real han aumentado las necesidades de soluciones rápidas, efectivas y económicas a los problemas cotidianos, generándose con ello una mayor desconfianza en todo lo que represente burocracia, formalismo y lentitud. El sector privado, y progresivamente el sector público y el sector judicial, han iniciado su adaptación a este entorno, evidenciándose el inicio de una transformación orientada a brindar servicios más ágiles, competitivos y de fácil uso y acceso.
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Otro desafío para las instituciones de justicia de las Américas se relaciona con el papel que éstas deben cumplir en la defensa y consolidación de la democracia en la región. Una democracia efectiva requiere de la independencia entre los poderes del Estado y el respeto al Estado de Derecho. En este marco, se registran amenazas que ponen en riesgo la independencia de las instituciones de justicia, y que se manifiestan en diferentes niveles y formas, desde abiertas y claramente ilegítimas, hasta veladas y sutiles, externas e internas, en un contexto de polarización política. Una expresión de ello es la afectación de la carrera profesional de los/ as operadores/as de justicia, que involucra a jueces/as, fiscales y defensores/as públicos/as. Como parte de este desafío se identifica el desarrollo de procesos de selección, nombramiento, evaluación, ratificación y destitución de jueces/as, fiscales y defensores/as públicos/as, sujetos a estándares internacionales.
Otro desafío en materia de justicia en las Américas se relaciona con la erosión de la confianza y la legitimidad de las instituciones de justicia ante la ciudadanía, dada la persistencia de problemas como los altos niveles de impunidad frente a delitos graves como simples, la tardanza en las respuestas judiciales, la escasa o nula información pública de cómo se tramitan los procesos y en cuánto tiempo, o temas como la corrupción en las instituciones de justicia, que impactan en la confianza y la percepción de poca predictibilidad de las instituciones de justicia.