Tribunal alerta a las autoridades sobre presunto fraude cometido por el actor al constatar durante el proceso que cobra subsidios sociales a pesar de su solvencia económica.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N°3 de Alicante (España), acogió la demanda deducida por un ciudadano ruso, aunque dio cuenta de una presunta irregularidad cometida por él.

El demandante accionó contra una resolución administrativa que le negó la solicitud para ser beneficiario de la tarjeta de residencia permanente de familiar de ciudadano de la Unión Europea. Alegó que cumplía con los requisitos para optar a ella, pues mantenía un vínculo con una ciudadana española, y que incluso disponía de los ingresos económicos exigidos por la norma.

En su análisis de fondo, el juzgado constata que “(…) el actor aporta junto con su demanda copia del certificado expedido por el Registro Municipal de Uniones Civiles, aunque sin que conste en el mismo ningún tipo de numeración que permita ubicarlo. Desde el momento en que se rompe el vínculo que unía al hoy recurrente con la ciudadana española, el mismo debe acreditar disponer de medios económicos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España”.