Corte Suprema de Estados Unidos.
Tribunales estatales y federales son competentes para juzgar delitos cometidos en territorio indígena pues su jurisdicción es concurrente.
Debido a que la jurisdicción de un Estado coincide con la jurisdicción federal, un enjuiciamiento estatal no impediría un juzgamiento federal anterior o posterior. El Estado tiene gran interés soberano en garantizar la seguridad pública y la justicia penal dentro de su territorio, incluido el interés en proteger a las víctimas de delitos tanto indígenas como no indígenas.
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un certiorari dirigido a la Corte de Apelaciones de Oklahoma para determinar los alcances de la jurisdicción federal respecto al juzgamiento de un crimen cometido en una reserva indígena.
Un hombre no indígena asesinó a su hijastra de origen nativo en una reserva de la nación Creek, en el Estado de Oklahoma. Por este crimen un tribunal estatal lo condenó a 35 años de prisión.
El condenado apeló el fallo para solicitar la nulidad de la condena. Fundó su pretensión en que “(…) el gobierno federal tiene jurisdicción exclusiva para enjuiciarlo (no indígena) por el crimen cometido contra su hijastra (indígena cherokee) en un “territorio indio”, y que, por lo tanto, Oklahoma no tiene jurisdicción para juzgarlo”.
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