Corte Suprema de Canadá.
Inscripción obligatoria de un condenado en el registro de agresores sexuales es una sanción desproporcionada que afecta su libertad y sus posibilidades de reinserción social.
El registro obligatorio es demasiado amplio ya que incluye a infractores con poca probabilidad de reincidencia. No guarda relación con el propósito de recopilar información sobre los delincuentes para ayudar a la policía a prevenir e investigar los delitos sexuales.
La Corte Suprema de Canadá acogió el recurso de inconstitucionalidad deducido por un condenado, resolviendo que su inscripción obligatoria en el registro de agresores sexuales contraviene la Carta Fundamental.
El recurrente fue condenado a 6 meses de prisión y a 3 años de libertad condicional por dos cargos de agresión sexual. A raíz de ello fue incluido en el registro de delincuentes sexuales de por vida.
Si bien la antigua legislación confería al juez la facultad de evaluar discrecionalmente la aplicación de este registro, la modificación a la ley “SOIRA” prescribe su obligatoriedad cuando el individuo es condenado por 2 o más delitos sexuales. Las personas registradas están sujetas a una serie de obligaciones, como informar cambios de domicilio y trabajo, entre otras.
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