Diario Constitucional

Artículo 88 bis de la Ley 18.948.

Para acceder a la pensión de montepío cónyuge sobreviviente de un pensionado de CAPREDENA debe haber contraído matrimonio con el causante, a lo menos, tres años antes de su fallecimiento, resuelve la Corte Suprema.

Al no encontrarse dentro de las causales excepcionales, debía mantener un matrimonio de tres años de antigüedad con el oficial castrense. Por lo que, carece de un derecho indubitado amparado por el recurso de protección.

Por Redacción·18 de noviembre de 2022·3 min de lectura
Para acceder a la pensión de montepío cónyuge sobreviviente de un pensionado de CAPREDENA debe haber contraído matrimonio con el causante, a lo menos, tres años antes de su fallecimiento, resuelve la Corte Suprema.
Referencial

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Santiago que rechazó el recurso de protección interpuesto por la viuda de un oficial en retiro del Ejército de Chile, que reclama el pago íntegro de la pensión de montepío por el fallecimiento de su marido, lo que le negó la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA).

La actora explica que estuvo dos veces casada con un oficial del Ejército, el primer vínculo matrimonial fue contraído el 28 de febrero del 2011, sin embargo, por conflictos con los hijos de su cónyuge decidieron de común acuerdo divorciarse el 20 de junio del 2014 –a pesar de mantener su convivencia-, con posterioridad, volvieron a casarse el año 2017, relación que perduro hasta el fallecimiento de su marido.

No obstante, mantener una relación afectiva ininterrumpida y que la sumatoria de sus tiempos casados diera 4,5 años, cumpliendo el tiempo exigido por la Ley 18.948 –modificada por la Ley 20.735- para los efectos de un montepío, la institución previsional recurrida no se lo concedió, afectando de esta forma sus derechos constitucionales de seguridad social y propiedad, además, de trasgredir la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores que obligan al Estado chileno a adoptar medidas de fortalecimiento a la justicia, en específico, respecto de las pensiones de los adultos mayores.

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