Autoridades deben consultar a personas con discapacidad previo a legislar sobre cuestiones que afecten sus intereses y derechos.

La Corte Suprema de México acogió la acción de inconstitucionalidad que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dedujo contra una normativa del Estado mexicano de Coahuila de Zaragoza, por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad.

La acción se interpuso contra un decreto que modifica una serie de normas del Código Civil de este Estado. En su presentación, la CNDH adujo que “(…) las normas impugnadas, al regular un procedimiento para reconocer la validez del testamento hecho por una persona con discapacidad psicosocial, sin llevar a cabo una consulta a este grupo, vulneran tanto el derecho a la consulta estrecha y participación activa de las personas con discapacidad, como el reconocimiento de su capacidad jurídica en condiciones de igualdad”.

Agregó que “(…) ello transgrede los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4.3, 5 y 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,(4) y, V de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”.